Una tormenta perfecta se cierne sobre la reestructura financiera de Aeroméxico, en medio de la crisis económica global generada por el Covid-19. Los directivos de la aerolínea decidieron llevar hasta sus últimas consecuencias la renegociación de los contratos colectivos con sus sindicatos de pilotos y sobrecargos, por lo que ahora las autoridades laborales tendrán que intervenir y mediar para lograr un acuerdo o acompañar la ruptura definitiva. En cualquiera de los dos escenarios, los trabajadores salen perdiendo.
La mala suerte de Aeroméxico comenzó en 2018, durante la campaña a la Presidencia, cuando su director general, Andrés Conesa, pidió entre líneas a sus empleados no votar por Andrés Manuel López Obrador, mientras el accionista principal de la compañía, Eduardo Tricio, era acusado por el entonces candidato de incitar, junto a otros empresarios, una alianza opositora para frenar su triunfo.
Durante la transición vino el segundo golpe: la cancelación del megaproyecto del Aeropuerto de Texcoco, a través de una consulta popular de cuatro días que concluyó el 25 de octubre de 2018. Desde entonces a la fecha, las acciones de Aeroméxico han perdido 72% de su valor; hasta antes del golpe de la pandemia del Covid-19, habían caído 50%.
En 2019, el número de pasajeros transportados por Aeroméxico cayó 5.4% a 20.6 millones, entre otras cosas a causa de los problemas operativos del modelo 737 MAX de Boeing, que fue suspendido por varios meses tras sufrir dos accidentes fatales en Indonesia y Etiopía.
En 2020, cuando los pronósticos apuntaban a una recuperación, se desató la crisis sanitaria por el nuevo brote de coronavirus, lo que provocó un confinamiento masivo y un desplome mundial de la demanda de vuelos. En el segundo trimestre de este año, Aeroméxico registró una caída de 84.5% en sus ingresos y una baja de 90% en el tráfico de pasajeros.
En contraste con varios países, el gobierno del presidente López Obrador decidió no apoyar a las aerolíneas –ni a ninguna otra empresa–, bajo el argumento de que no se rescataría a compañías privadas como sucedió con el Fobaproa durante la crisis bancaria de los años 90, aunque dicho episodio nada tenía que ver con los programas de estímulos económicos que se aplicaron en prácticamente todo el mundo para enfrentar la crisis económica que desató el Covid-19.
Fue entonces que Aeroméxico, de la cual la estadounidense Delta posee 49% de sus acciones, solicitó el 30 de junio la protección judicial en Estados Unidos bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.
Cuatro meses después, la Corte del Distrito Sur de Nueva York aprobó el financiamiento por mil millones de dólares por parte del fondo de inversión Apollo Global Management, de los cuales ya recibió 200 millones y los otros 800 millones están condicionados a una profunda reestructura financiera que incluye un fuerte recorte de personal y restricciones de austeridad franciscana en los contratos colectivos con sus sindicatos.
La negociación con los sindicatos de pilotos y sobrecargos tiene a la aerolínea en la cuerda floja. Por un lado, si no logra modificar los contratos colectivos para congelar los aumentos salariales hasta diciembre de 2025, así como incrementar el número de horas laborales y otras medidas, buscará disolver los acuerdos mediante una figura jurídica insertada en Ley Federal del Trabajo, lo que podría tardar por lo menos un año.
Sin embargo, los cambios a la legislación en 2019, que dan más fuerza a los sindicatos, así como la proclividad de la Secretaría del Trabajo a velar por los derechos de los trabajadores, podrían complicarle la jugada a Aeroméxico.
La viabilidad de la principal aerolínea del país depende del financiamiento del fondo estadounidense, por lo que, de no avanzar las negociaciones con sus pilotos y sobrecargos, con el gobierno como intermediario, Aeroméxico podría entrar en una espiral negativa que la ponga en ruta hacia una quiebra inminente… como a Mexicana de Aviación e Interjet.
Con información de El Universal
Vía Jessy GM